La modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional socava los derechos de las poblaciones vulnerables del país y el trabajo internacional de desarrollo

El 26 de marzo, obispos de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), de los Vicariatos Apostólicos integrantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y de diversas jurisdicciones eclesiásticas, manifestaron su profunda preocupación por la aprobación en el Congreso de la República de una propuesta de modificación de la Ley N° 27692 de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En su comunicado, los obispos subrayaban que las modificaciones amplían el control gubernamental y las restricciones sobre las organizaciones sociales, e incluyen medidas como la obligatoriedad de registro ante la APCI y la aprobación previa de los proyectos financiados por cooperación internacional, lo que podría resultar en una censura anticipada y un posible retraso de la ayuda humanitaria ante una emergencia social.

Los obispos también han alertado sobre el riesgo de que la norma afecte las libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de asociación, y debilite la democracia al limitar el espacio de participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas. 

Consideramos que el Estado no puede silenciar a la sociedad civil, dicha acción lo que logra es debilitar la democracia». Obispos Perú

Desde Enlázate por la Justicia suscribimos estas declaraciones y valoraciones. La consideración de infracción grave por el uso de estos recursos para asesorar, asistir o financiar acciones administrativas o judiciales contra el Estado Peruano supone además un control indebido al derecho a defender los derechos humanos, al acceso a la justicia, y al necesario rol de la sociedad civil de fiscalizar la actuación del Estado. Se afecta al derecho colectivo de los pueblos indígenas a la consulta previa y a decidir sobre sus formas de desarrollo. Por todo ello, hemos comenzado a realizar acciones de incidencia.

Entendemos que, si finalmente son promulgadas las modificaciones propuestas, se pondrá en grave riesgo la consecución y defensa de los derechos humanos de buena parte de la población más vulnerable del país y se impondrán restricciones injustificadas no solo a las organizaciones de la sociedad civil del país, sino también a las Agencias de Cooperación de otros países y a las organizaciones de solidaridad internacional que apoyan y acompañan a las comunidades.

Asimismo la reforma supondrá un detrimento al trabajo que venimos apoyando y acompañando desde nuestras organizaciones “en áreas esenciales como la promoción, educación y defensa de los derechos humanos y colectivos, la justicia social, el bien común y la mejora de condiciones de vida de estas comunidades”.

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